El Digesto Jurídico es una obra histórica e inédita que nuestra Provincia concluyó el 3 de diciembre de 2009. Se trata de una recopilación y ordenamiento de todas las leyes que están en vigencia y que beneficia a todos los misioneros: a los ciudadanos, porque les permite conocer de forma clara y sencilla las normas que se aplican en la Provincia; a la Administración Pública, porque colabora en el buen manejo de los asuntos públicos; a la Cámara de Representantes y a los Poderes Legislativos Municipales, porque le ayuda a desarrollar su actividad legislativa; y a los Jueces, porque les hace más fácil impartir justicia con precisión y oportunidad. La expresión “inflación legislativa” se refiere a la abundancia de normas que supera la verdadera necesidad legislativa. Nuestra Provincia tiene más de cincuenta años y en ese tiempo se sancionaron miles de normas que muchas veces se entrecruzaban o contradecían, otras veces estaban dispersas, aunque trataban el mismo tema, y otras habían dejado de usarse o de tener vigencia por haber cumplido su finalidad o por ser temporales, lo que generaba un desorden o caos normativo porque no se sabía con seguridad si estaban vigentes, qué significaban y qué alcance tenían.
La Ley Nº 4465, aprobada por la Legislatura Provincial de Misiones el 23 de Octubre de 2008, establece la consolidación normativa como base para la elaboración del Digesto Jurídico de la Provincia. Esta ley, producto del acuerdo unánime de los legisladores misioneros, contó con el firme apoyo de la Presidencia para poner en marcha el complejo proyecto una vez que entró en vigor. El primer paso fue realizar una adecuada investigación de los medios y recursos disponibles en la Cámara de Representantes para afrontar la tarea, con el firme propósito de la Presidencia de finalizar el Digesto Jurídico antes de terminar el año 2009. La primera conclusión, luego de conocer los antecedentes de las Provincias de Chubut y Río Negro, con Digestos ya sancionados, Ciudad de Buenos Aires (sin aprobación todavía de la Ley de Consolidación) y el Digesto Jurídico Nacional también inconcluso en la última etapa legislativa, fue que la Cámara de Representantes ignoraba el método, lo que hizo necesario adquirir los recursos técnico, operativos, informáticos y personal especializado. Planificado el proyecto, y teniendo en cuenta que los objetivos debían cumplirse en tiempos acotados, se firman convenios de asistencia técnica, licenciando, además, el software de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, unidad académica con antecedentes suficientes, por haber trabajado en todos los proyectos de Digestos Jurídicos, antes mencionados. La Presidencia asegura entonces, todos los medios para garantizar el inicio del proyecto. Se concreta la alianza estratégica con la UBA, se incorporan diez abogados, veintiséis estudiantes de abogacía cursantes del último año, abogados y contadores de planta permanente de Cámara de Representantes con suficiente experiencia; bibliotecarias, analistas de sistemas informáticos; sumándose además dependencias del Poder Legislativo como ser: Biblioteca, Dirección de Información Parlamentaria, Dirección de Taquigrafía, Dirección de Asuntos Parlamentarios. Dado el alcance del proyecto y entendiendo que el Digesto Jurídico constituye una obra para el Estado Misionero en su totalidad, se solicita la colaboración a los Poderes del Estado y Organismos de la Constitución, contando cada uno de ellos con un representante en el Digesto. El 1 de abril del 2009, una vez estructurada la logística humana y operativa a la que hemos hecho referencia, se formaliza con la presencia de los titulares de los tres poderes del Estado Misionero el comienzo de la Primera Etapa que comprendió el análisis normativo y documental.